Presentación

La gravedad de la crisis política que atravesamos nos conduce a un modelo de democracia exclusivamente representativa de los intereses de un núcleo muy pequeño de población (el 1%) que posee el capital financiero. Esta modelo de democracia al que nos conducen es gestionada por un envoltorio de partidos y organizaciones que, acomodándose en todas las instituciones y ámbitos del estado, toma las decisiones en función de los intereses de ese 1% de la población y con el único objetivo de seguir manteniéndose en el poder.
El conglomerado de partidos y organizaciones está formado por la mayor parte de los partidos políticos más una burocracia mantenida en las organizaciones empresariales y sindicales.
En estos momentos se hace necesario avanzar hacia un modelo de Democracia Económica, Participativa y Social, que represente los intereses de la mayoría de la población. Que represente los intereses del 99% frente la los del 1% restante que actualmente está tomando las decisiones en su único beneficio. Hacen falta nuevos cauces de participación de los ciudadanos en la toma de decisiones relevantes para los intereses de la mayoría.
Avanzar hacia este objetivo, requerirá mejorar la coordinación de todos los movimientos sociales que reivindican una mayor representación y un protagonismo más directo en la defensa de sus intereses.
Organizar una Plataforma Electoral que pueda representar los intereses de la mayoría de la población es un objetivo inmediato y urgente.
Este blog, aunque gestionado de forma individual por Miguel Toro, aportará las ideas de núcleo de personas que están trabajando en esta dirección.

domingo, 21 de septiembre de 2014

La democracia necesita transparencia

Conocer las decisiones que se toman, los argumentos por las que se toman, los pros y contras de cada decisión es un tema central para la profundización de la democracia. De igual manera es importante conocer, en cada servicio público, los gastos que este servicio supone y los detalles del porqué de esos gastos. Dónde están asignados, cuánto significa el coste de personal, el coste de los productos necesarios, etc. Igualmente lo que ese servicio público produce, a los ciudadanos que atiende, su grado de satisfacción, etc.

Es importante conocer las percepciones de los representantes públicos y del grupo de personas que necesitan para su funcionamiento. En el ámbito de las contrataciones públicas es crítico conocer los criterios de adjudicación, los resultados de la misma y los responsables de tomar las decisiones clave en ese proceso sean funcionarios o representantes públicos.

También es importante conocer las propiedades de diferentes tipos que cada uno posee, tanto si es una persona física como jurídica. Pero hace falta implicar a la mayoría de la sociedad en el tema.

Hay que abordar el problema de la economía sumergida, grande y pequeña, haciendo un escrutinio público de las propiedades e ingresos de personas y empresas, ya en España o en paraísos fiscales.

La democracia requiere conocimiento, requiere información razonada.

Esta información, además de ser pública, deber ser proporcionada por los gobiernos de forma fácilmente procesable ya agregable. Necesitamos lo que empieza a denominarse como Gobiernos Abiertos que aporten Datos Abiertos.

Junto al gran volumen de datos existentes en Internet tenemos una gran carestía de datos públicos de relevancia sobre la acción de los gobiernos, las decisiones que toman, las razones sobre las mismas, etc. Tenemos más carestía aún sobre los activos que poseen las empresas y las personas y sobre el valor de los mismos.

Datos abiertos (open data en inglés) es una filosofía y práctica que persigue que determinados datos estén disponibles de forma libre a todo el mundo, sin restricciones de copyrightpatentes u otros mecanismos de control.

Los datos públicos implican la publicación de información del sector público, e información pública de los ciudadanos, en formatos que permitan su reutilización por terceros para la generación de nueva información útil.

Un Gobierno Abierto debe asumir el compromiso de garantizar que la administración y operación de todos los servicios públicos que el Estado brinda puedan ser supervisadas por los ciudadanos. Esta obligación debe extenderse a garantizar que la información pública de una persona, jurídica o física, se aporte a la comunidad como un dato abierto.

 

En esta línea de transparencia deben actuar las organizaciones políticas, sindicales, etc.