Conocer las decisiones que se toman, los argumentos por las que se toman, los pros y contras de cada decisión es un tema central para la profundización de la democracia. De igual manera es importante conocer, en cada servicio público, los gastos que este servicio supone y los detalles del porqué de esos gastos. Dónde están asignados, cuánto significa el coste de personal, el coste de los productos necesarios, etc. Igualmente lo que ese servicio público produce, a los ciudadanos que atiende, su grado de satisfacción, etc.
Es importante conocer las percepciones de los representantes públicos y del grupo de personas que necesitan para su funcionamiento. En el ámbito de las contrataciones públicas es crítico conocer los criterios de adjudicación, los resultados de la misma y los responsables de tomar las decisiones clave en ese proceso sean funcionarios o representantes públicos.
También es importante conocer las propiedades de diferentes tipos que cada uno posee, tanto si es una persona física como jurídica. Pero hace falta implicar a la mayoría de la sociedad en el tema.
Hay que abordar el problema de la economía sumergida, grande y pequeña, haciendo un escrutinio público de las propiedades e ingresos de personas y empresas, ya en España o en paraísos fiscales.
La democracia requiere conocimiento, requiere información razonada.
Esta información, además de ser pública, deber ser proporcionada por los gobiernos de forma fácilmente procesable ya agregable. Necesitamos lo que empieza a denominarse como Gobiernos Abiertos que aporten Datos Abiertos.
Junto al gran volumen de datos existentes en Internet tenemos una gran carestía de datos públicos de relevancia sobre la acción de los gobiernos, las decisiones que toman, las razones sobre las mismas, etc. Tenemos más carestía aún sobre los activos que poseen las empresas y las personas y sobre el valor de los mismos.
Datos abiertos (open data en inglés) es una filosofía y práctica que persigue que determinados datos estén disponibles de forma libre a todo el mundo, sin restricciones de copyright, patentes u otros mecanismos de control.
Los datos públicos implican la publicación de información del sector público, e información pública de los ciudadanos, en formatos que permitan su reutilización por terceros para la generación de nueva información útil.
Un Gobierno Abierto debe asumir el compromiso de garantizar que la administración y operación de todos los servicios públicos que el Estado brinda puedan ser supervisadas por los ciudadanos. Esta obligación debe extenderse a garantizar que la información pública de una persona, jurídica o física, se aporte a la comunidad como un dato abierto.
En esta línea de transparencia deben actuar las organizaciones políticas, sindicales, etc.