Hay que hacer una apuesta decidida por lo público, su valor, su respeto y su cuidado. Esto requiere recolectar los impuestos adecuados para mantenerlo cada vez con mejor calidad, en beneficio de la mayoría de los ciudadanos. Estoy requiere aumentar los impuestos directos, y no disminuirlos como se está haciendo. Esto requiere recuperar impuestos eliminados en muchas comunidades autónomas como el de sucesiones. Esto requiere transparencia y claridad en los impuestos que cada uno pagamos.
Una base fundamental de la democracia en Europa es el mantenimiento y profundización de los servicios públicos para la mayoría de la población: justicia, enseñanza, sanidad, pensiones, atención a los mayores, niños y discapacitados, atención al desempleo, renta básica…
Si los servicios públicos no se mantienen y los partidos políticos siguen cediendo a las presiones de la minoría poderosa, que cada vez concentra más riqueza e ingresos, que evade impuestos, si no persigue a los que defraudan a diferentes niveles, aumentará la desafección de los ciudadanos hacia los políticos. Y lo que es más importante se empezará a poner en cuestión las bases de la democracia que con tantos esfuerzos hemos construido. Democracia que en España costó muchos años y vidas conquistar y que ahora empieza a resquebrajarse con el deterioro de los servicios públicos, el control de los medios de comunicación por una minoría, la privatización de la sanidad, la enseñanza (España es uno de los países europeos con más colegios privados y concertados).
Para aumentar la calidad de la democracia hay que aumentar la calidad de los servicios públicos: medios de comunicación, sanidad, enseñanza,… Y debemos tener en cuenta que la calidad tienen que medirla los usuarios de los servicios públicos y la población en general. Eso implica la necesidad de diseñar nuevos mecanismos de participación de los ciudadanos en la evaluación, gestión y orientación de los servicios públicos. Eso implica participación de los usuarios en la gestión y dirección de los hospitales y de la política sanitaria, en las Universidades, las escuelas y en la política educativa, en la gestión de las televisiones públicas,… Eso implica crear comisiones, donde participen ciudadanos elegidos directamente, para gestionar y tomar decisiones relevantes, en sectores como el energético, grandes infraestructuras,…
Es importante destacar que el mantenimiento de la calidad de los servicios públicos no es equivalente al mantenimiento del salario de los servidores públicos. Este elemento es clave si queremos avanzar en la profundización de la democracia. Los funcionarios son necesarios pero puede que no hagan falta tantos. En algunos casos se han convertido en un sector privilegiado de la sociedad. Un privilegio que en muchos casos no acepta la mayoría de la población si no está justificado.
La calidad debe ser medida por los ciudadanos que los usan y por la población en general que los mantiene con sus impuestos. Para aumentarla no solo se trata de dedicar más recursos públicos, que evidente hay que hacer, hay que también introducir medidas en los Servicios Públicos que premien a los mejores servidores públicos y evidencien a los peores. Hay muy buenos profesionales en los servicios públicos y también otros que no se merecen el salario que ganan. Hay que introducir más transparencia en los resultados obtenidos y también quién trabajó más para conseguirlos. Hay que destacar a los mejores profesionales en los servicios públicos frente a los demás, premiarlos económicamente y permitirles tomar las decisiones importantes junto a los representantes directos de los ciudadanos y de los partidos políticos elegidos. En definitiva los trabajadores de los servicios públicos debemos tener las mismas ventajas y responsabilidades que los trabajadores de los sectores privados. Eso implica la posibilidad de ser despedido si no se cumplen con las funciones necesarias en el servicio público. También es importante incrementar la transparencia en las percepciones de los funcionarios que tienen, además, una retribución del ámbito privado o que usan o han usado su posición como servidor público para obtener unas retribuciones más ventajosas en el sector privado.
Todas estas cuestiones deben siempre considerarse desde la perspectiva del interés de lo público. Desde el interés mirado desde el punto de vista de la mayoría. Hay, claramente, privilegios que deben ser eliminados.
De forma general los servicios públicos, en su orientación y planificación, deben ser responsabilidad única del Estado como representante del interés de la mayoría. Por necesidades concretas podría cederse su gestión a cooperativas de trabajadores que demuestren una mejora de su eficiencia según los criterios de los ciudadanos.
Un servicio público que necesita muchos cambios para estar a la altura de la democracia que queremos es el Sistema Judicial. Claramente en el Consejo General del Poder Judicial debe haber representantes directos de los ciudadanos. Un órgano tan importante no puede quedar en manos de los intereses corporativos de jueces y magistrados. Ni incluso depender solamente del partido político con mayoría en el Parlamento. Algo similar debe ocurrir con la política sanitaria, educativa, universitaria…
Este tema adquiere distintas perspectivas y es muy relevante tanto a nivel estatal como autonómico o municipal.
