Una base fundamental de la democracia en Europa es el mantenimiento y profundización de los servicios públicos para la mayoría de la población: justicia, enseñanza, sanidad, pensiones, atención a los mayores, niños y discapacitados, atención al desempleo, etc.
Si los servicios públicos no se mantienen y los partidos políticos siguen cediendo a las presiones de la minoría poderosa, que cada vez concentra más riqueza e ingresos, que evade impuestos, aumentará la desafección de los ciudadanos hacia los políticos. Y lo que es más importante se empezará a poner en cuestión las bases de la democracia que con tantos esfuerzos hemos construido. Democracia que en España costó muchos años y vidas conquistar y que ahora empieza a resquebrajarse con el deterioro de los servicios públicos, el control de los medios de comunicación por una minoría, la privatización de la sanidad y la enseñanza.
Para aumentar la calidad de la democracia hay que aumentar la calidad de los servicios públicos: medios de comunicación, sanidad, enseñanza,… Y debemos tener en cuenta que la calidad tienen que medirla los usuarios de los servicios públicos y la población en general. Eso implica la necesidad de diseñar nuevos mecanismos de participación de los ciudadanos en la evaluación, gestión y orientación de los servicios públicos. Eso implica participación de los usuarios en la gestión y dirección de los hospitales y de la política sanitaria, en las Universidades, las escuelas y en la política educativa, en la gestión de las televisiones públicas,… Eso implica crear comisiones, donde participen ciudadanos elegidos directamente, para gestionar y tomar decisiones relevantes.
La calidad debe ser medida por los ciudadanos que los usan y por la población en general que los mantiene con sus impuestos. Para aumentarla no solo se trata de dedicar más recursos públicos, que evidente hay que hacer, hay que también introducir medidas en los Servicios Públicos que premien a los mejores servidores públicos y evidencien a los peores. Hay muy buenos profesionales en los servicios públicos y también otros que no se merecen el salario que ganan. Hay que introducir más transparencia en los resultados obtenidos y también mostrar quién trabajó más para conseguirlos. Hay que destacar a los mejores profesionales en los servicios públicos frente a los demás, premiarlos económicamente y permitirles tomar las decisiones importantes junto a los representantes directos de los ciudadanos y de los partidos políticos elegidos. En definitiva los trabajadores de los servicios públicos debemos tener las mismas ventajas y responsabilidades que los trabajadores de los sectores privados.
También es importante incrementar la transparencia en las percepciones de los funcionarios que tienen, además, una retribución del ámbito privado o que usan o han usado su posición como servidor público para obtener unas retribuciones más ventajosas en el sector privado.
Todas estas cuestiones deben siempre considerarse desde la perspectiva del interés de lo público. Desde el interés mirado desde el punto de vista de la mayoría. Hay, claramente, privilegios que deben ser eliminados.
De forma general los servicios públicos, en su orientación y planificación, deben ser responsabilidad única del Estado como representante del interés de la mayoría. Por necesidades concretas podría cederse su gestión a cooperativas de trabajadores que demuestren una mejora de su eficiencia según los criterios de los ciudadanos.
Un servicio público que necesita muchos cambios para estar a la altura de la democracia que queremos es el Sistema Judicial. Claramente en el Consejo General del Poder Judicial debe haber representantes directos de los ciudadanos. Un órgano tan importante no puede quedar en manos de los intereses corporativos de jueces y magistrados. Ni incluso depender solamente del partido político con mayoría en el Parlamento. Algo similar debe ocurrir con la política sanitaria, educativa, universitaria…
Este tema adquiere distintas perspectivas y es muy relevante tanto a nivel estatal como autonómico o municipal.
Conocer las decisiones que se toman, los argumentos por las que se toman, los pros y contras de cada decisión es un tema central para la profundización de la democracia. Es importante conocer, en cada servicio público, los gastos que este servicio supone y los detalles del porqué de esos gastos. Dónde están asignados, cuánto significa el coste de personal, el coste de los productos necesarios, etc. Igualmente lo que ese servicio público produce, a los ciudadanos que atiende, su grado de satisfacción, etc.
Es importante conocer las percepciones de los representantes públicos, del grupo de personas que necesitan para su funcionamiento y de los servidores públicos necesarios. En el ámbito de las contrataciones públicas es crítico conocer los criterios de adjudicación, los resultados de la misma y los responsables de tomar las decisiones clave en ese proceso sean funcionarios o representantes públicos.
La democracia requiere conocimiento, requiere información razonada.
Esta información, además de ser pública, deber ser proporcionada por los gobiernos de forma fácilmente procesable ya agregable. Necesitamos lo que empieza a denominarse como Gobiernos Abiertos que aporten Datos Abiertos.
Junto al gran volumen de datos existentes en Internet tenemos una gran carencia de datos públicos de relevancia sobre la acción de los gobiernos, las decisiones que toman, las razones sobre las mismas, etc. Tenemos más carencia aún sobre los activos que poseen las empresas que contratan con las Administraciones Públicas o reciben subvenciones de las mismas y sobre el valor de los mismos.
Datos abiertos (open data en inglés) es una filosofía y práctica que persigue que determinados datos estén disponibles de forma libre a todo el mundo, sin restricciones de copyright, patentes u otros mecanismos de control.
Los datos públicos implican la publicación de información del sector público, e información pública de los ciudadanos, en formatos que permitan su reutilización por terceros para la generación de nueva información útil.
Un Gobierno Abierto debe asumir el compromiso de garantizar que la administración y operación de todos los servicios públicos que el Estado brinda puedan ser supervisadas por los ciudadanos. Esta obligación debe extenderse a garantizar que la información pública de una persona, jurídica o física, se aporte a la comunidad como un dato abierto.
En esta línea de transparencia deben actuar las organizaciones políticas, sindicales, etc.
Hay que hacer una apuesta decidida por lo público, su valor, su respeto y su cuidado. Esto requiere recolectar los impuestos adecuados para mantenerlo cada vez con mejor calidad, en beneficio de la mayoría de los ciudadanos. Pero también conseguir servicios públicos eficientes a juicio de la mayoría de la sociedad, justificar los costes de los mismos. No es suficiente que las administraciones públicas hagan las cosas bien desde un punto de vista normativo, sino que un buen gobierno en el sector público debe buscar aumentar la transparencia y la rendición de cuentas en la gestión, fomentar la cultura de ética pública, gestionar los impactos sociales, ambientales y económicos que se producen por la actuación de la Administración, y avanzar en la profundización democrática mejorando la participación de los usuarios y la población en general.
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